Alberto Medina Mendez: "Mas autonomía y menos limosna"

Provincial

Por Urgente Santo Tomé 27/09/2017 En su columna habitual en el diario El Litoral, el reconocido periodista y analista político Alberto Medina Mendez realiza un extenso deglose y análisis sobre el eterno dilema de las economías regionales y su desarrollo.

El deterioro del federalismo tiene una larga historia. No sólo es producto de esta clase dirigente que prefiere distribuir discrecionalmente recursos desde el poder central sino también de la gente que fue cómplice de ese proceso.

Un ejemplo latente de este fenómeno es lo que ocurre desde hace décadas con los diferentes sectores de la actividad económica del nordeste argentino, que cíclicamente le reclama mayor asistencia al Gobierno nacional de turno.

Las asimetrías se muestran siempre como un problema endémico sin comprender la esencia de la naturales diferencias. Allí radican también las oportunidades que permiten aprovechar las ventajas relativas de la región.

Sin embargo, una retorcida visión acerca del concepto de igualdad empuja a todas las provincias a esperar idéntico trato frente a diversos asuntos. Suponen que esa dinámica propuesta trae consigo muchos beneficios.

Se trata de un enfoque totalmente perverso que pone inexorablemente de rodillas a quien mendiga frente al que concentra todas las decisiones. Validar este esquema legitimándolo es absolutamente inmoral e implica aceptar con naturalidad lo que es esencialmente inaceptable.

Es allí donde reside el verdadero problema de fondo, en la centralización de las determinaciones. Insistir en esto de reclamar como pordioseros es, definitivamente, un camino inadecuado que vale la pena replantearse.

Todo esto se hace bajo el amparo del cuestionable paradigma de que se demanda lo que corresponde por derecho propio. En realidad esta es una falacia que pretende convertirse en verdad sólo a fuerza de repetirse.

Una cosa es la igualdad ante la ley y otra, bien diferente, es aceptar que la legislación vigente es la apropiada. Muchas de las normas imperantes violan principios básicos de equidad, pero cuentan con la aprobación de una sociedad que asume linealmente que lo legal siempre es lo correcto.

No existen dudas de que la macroeconomía influye mucho en las matrices productivas domésticas. Las políticas monetarias o las que rigen el comercio internacional suelen estar monopolizadas a nivel federal y poco puede hacerse desde el interior profundo sobre cada uno de esos aspectos.

Cuando se discute el presente de las economías regionales estas cuestiones aparecen con mucha frecuencia. Frente a cualquier inconveniente la primera reacción de los protagonistas es buscar atajos y soluciones de corto plazo.

Pedir ayudas económicas, subsidios especiales, compensaciones transitorias, reintegros de coyuntura, reparaciones históricas es casi una rutina y un denominador común en todo tipo de circunstancia adversa.

Habrá que decir que la experiencia muestra dos variantes antagónicas. Fueron muchos los que, gracias a esa impronta, consiguieron sensibilizar a los poderosos de turno y sobrevivieron algún tiempo más de ese modo.

La contracara de esas vivencias han sido las numerosas energías dilapidadas en esta dirección que finalmente culminaron con sectores económicos destrozados y varios de ellos al borde de la extinción.

El camino más corto suele ser tentador. Ante cualquier escollo se analizan opciones y el viaje a Buenos Aires para pedir socorro parece una gestión razonable. Es por eso que muchos lo asumen como el plan principal.

Habría que tratar de razonar de otro modo e incorporar otras alternativas al menú de posibilidades. A veces el problema está exactamente en la imposición de reglas generales que no se ajustan a las realidades locales.

Existen múltiples ejemplos de distorsiones estructurales. Un caso emblemático es el sistema tributario unificado que obliga a cada provincia a pagar el excesivo costo del despilfarro estatal del resto de los distritos.

La lista es casi infinita. El impuesto al valor agregado, ganancias, bienes personales, débitos y créditos bancarios, combustibles son sólo algunos de los ejemplos de un esquema agobiante que hace inviable este status quo.

La sociedad se termina haciendo cargo de lo que no le compete a un costo absolutamente impagable que impacta fuertemente sobre la actividad económica de cada región, en vez de requerir mayor competencia tributaria, para que cada provincia pueda establecer sus propias pautas.

El planteo de hoy debería pasar por apegarse al espíritu fundacional de la Constitución Nacional exigiendo más independencia y autonomía a la hora de discutir, por ejemplo, salarios. Hoy la región es víctima de la falsa igualdad que proponen las paritarias nacionales por rama de actividad. 

La imposibilidad de discutir las cuestiones laborales de un modo federal genera más distorsiones que soluciones. Desocupación, empleo no registrado, incentivación del trabajo estatal son sólo algunas de las nefastas y evidentes consecuencias de un sistema cínico que continua vigente.

El rol de los gobiernos locales, municipales y provinciales, como así también de las organizaciones empresarias y la sociedad civil toda, pasa por revisar sus propias estrategias actuales que ya han demostrado su ineficacia.

Es tiempo de pedir menos y hacer más. La línea de trabajo debe incluir hacerse cargo asumiendo la responsabilidad que implica tener políticas propias en cada uno de los aspectos que aún detienen el crecimiento local.

El Litoral