En lo que va del año hubo 8 asesinatos a mujeres en Corrientes

Provincial

Por Urgente Santo Tome 30/10/2019  En la provincia de Corrientes se registró el octavo femicidio en el año y tres de las víctimas habían denunciado al agresor. En estos meses, ya se superó la cantidad de asesinatos machistas del año 2013 (5), 2014 (4) y 2016 (6), en el año 2015 hubo 9 víctimas fatales de la extrema violencia machista, en 2017 el mismo número y en 2018 fueron 11 las mujeres a quienes les quitaron la vida. 
El último caso que se dio a conocer ayer, fue el de Inés Andrea Pianalto, el mismo subjefe de la Policía de Corrientes, Eduardo Acevedo, sostuvo que tenía una orden de restricción de acercamiento al domicilio familiar por un episodio que ocurrió en agosto con una de sus hijas. Además, por esta prohibición, fue el único hecho que no ocurrió en la casa de la víctima ya que los siete casos anteriores coincidieron en el lugar del femicidio. (Ver pág. 21)
La primera mujer que perdió la vida por la extrema violencia machista este años fue Ramona Romero (22) de San Miguel quien fue apuñalada y luego el agresor, ex pareja, se suicidó. Luego, sigue el caso de quien había hecho una denuncia, Sandra Bordón (35) de Goya también en enero de este  año. 
A este hecho, continuó el femicidio de Perla Araujo (43) de Virasoro. “Mi mamá lo denunció el primer momento en que la atacó y fue cuando terminó su relación. Él la había ahorcado, ella lo denunció. La perimetral nunca llegó. Nada. Y están los que culpan a mi madre de haberlo provocado para que la mate. Qué delirio pensar que una víctima tiene la culpa, ¿no?”, había expresado su hija Guadalupe un tiempo atrás. 
El 16 de octubre, pusieron en funcionamiento el Centro de Atención Jurídica Integral a Víctimas de Violencia de Género donde uno de los principales objetivos es la implementación de un novedoso sistema de monitoreo por dispositivos duales las 24 horas, que funcionan por geolocalización (GPS) tanto de la víctima como del agresor. En el día de ayer, estaban obreros realizando, según comentaron a este diario, las últimas reparaciones en el lugar. 
En este Centro, todas las acciones tendrán origen en las medidas cautelares (perimetrales) dictadas por el Poder Judicial en casos de violencia de género a fin de asegurar el efectivo cumplimiento de esas restricciones y la protección de la víctima, controlando al agresor. 
Así como dijo a El Litoral la viceministra de Justicia de la Nación, Fernanda Rodríguez, en Casa de Gobierno: “Ahora se está instalando el centro de monitoreo, tienen que hacer los profesionales las capacitaciones, hay que hacer pruebas con el personal policial; cuando termina bien el tiempo de respuesta, se va trabajando con el software, es decir, requiere tiempo de implementación y de ajuste”. En cuanto a la implementación en el interior provincial, comentó que “requiere conectividad, por eso, previamente, una vez que está el requerimiento del juez, se hace un informe de factibilidad; hay que avanzar en la brecha digital”.
Respecto a los femicidios ocurridos este año, cabe destacar además que el último caso también se diferencia de los demás que fue el único ocurrido en la capital, las demás sucedieron en el interior provincial. 

Ley Brisa
La última víctima, Andrea, tenía ocho hijos (uno de ellos había fallecido) y por lo que pudo conocer este medio, tres de ellos menores de edad. Por esto, El Litoral dialogó con la presidente del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia (Copnaf), Analía Monzón, quien sostuvo que hasta el momento no había sido notificada que la necesidad de intervención del Consejo en el caso.  Por otra parte, dialogó con este diario sobre la Ley Brisa, reparación histórica a hijos menores o mayores con discapacidad de víctimas de femicidio, y dijo: “La Secretaría de la Niñez de la Nación nos pidió colaboración en ocho casos donde nuestra tarea es por ejemplo conocer el ambiente socioambiental y quien tiene la guarda”. Más allá de no  precisar el avance de estas reparaciones ya que está en manos de la Secretaría, se suma este número a dos casos más que este medio ya dio a conocer, es decir podrían haber en la provincia 10 casos de reparación económica, equivalente a una jubilación mínima, para los hijos a quienes sus madres les han sido arrebatadas, en la mayoría de los casos, por sus mismos padres. 

El Litoral