Especial: ¿Qué es un testigo protegido?

Nacional

Por Urgente Santo Tomé 11/09/2016 El Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación y está dirigido a personas que quieran prestar una colaboración en la investigación de un delito federal y que ese aporte les pueda significar un peligro a su integridad personal. Es el juez de la causa el que debe pedir al Ministerio de Justicia que incluya al declarante en el programa de testigos protegidos. Eso no ocurrió en el caso Maldonado, al menos, hasta el momento de la publicación de esta nota.

Esta figura existe desde 1994 para los delitos incluidos en la llamada “ley de estupefacientes”, pero sólo en 2003 se creó formalmente el programacon la inclusión de delitos como secuestro y terrorismo y, años más tarde, se sumaron los delitos de lesa humanidad y trata de personas.

Según describe el Ministerio, las medidas para proteger a un testigo pueden incluir “custodia personal o domiciliaria, alojamiento transitorio en lugares reservados, cambio de domicilio, ayuda económica por no más de seis meses, asistencia para la reinserción laboral y el suministro de documentación que acredite identidad a nombre supuesto”. Un caso incluido en este programa en los últimos años fue el del financista Leonardo Fariña, quien declaró como arrepentido en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, en la que se encuentran imputados la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez.

¿Qué eran los “testigos de identidad” reservada a los que ahora se llama “informantes”?

Esta categoría tiene distintas regulaciones a nivel nacional y provincial e implica únicamente la reserva del nombre del testigo. A nivel federal sólo estaba contemplada en la llamada “ley de estupefacientes”, que habilitaba al tribunal del caso a “disponer medidas de protección” cuando una declaración representara “un peligro cierto para la vida o la integridad física de un testigo”.

“El Código Procesal Penal de la Nación no tiene una regulaciónespecífica sobre el ‘testigo de identidad reservada’. Sólo habla de la obligación del Estado a la ‘protección de la integridad física y psíquica propia y de sus familiares’ de víctimas y testigos”, explicó a ChequeadoNatalia Volosin, abogada especializada en temas de corrupción. Y agregó: “En muchos casos se hacía uso de este artículo del Código para aplicar en otros delitos federales lo que decía la ‘ley de drogas’ y poder preservar la identidad de testigos”.

En 2016, sin embargo, se aprobó la Ley 27.319, que derogó la regulación sobre “testigos de la ley de drogas”, pero incorporó la figura del “informante”, que es un testigo que “bajo reserva de identidad” aporta información para el esclarecimiento de un hecho. La ley, que trata sobre delitos complejos, incluye la desaparición forzada de personas, entre otros.

Existen también regulaciones locales, ya que cada provincia tiene su propio Código Procesal Penal para los delitos comunes (no federales). La Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, cuenta con una ley de reserva de identidad para testigos e incluye a todos los delitos que son tratados por la Justicia local.

En la Ciudad, un ejemplo de esta figura se utilizó en la causa “Time Warp”, el boliche ubicado en la Costanera en el que murieron cinco personas intoxicadas en abril de 2016. En esa investigación, los fiscales Sandro Abraldes, a cargo de la causa, y Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, convocaron a testigos que estuvieron en la fiesta a declarar bajo identidad reservada, amparados por los artículos de la llamada “ley de estupefacientes” que se derogaron poco tiempo después y fueron reemplazados por la figura del “informante”.