Especial: Empleo público por concurso en la era Macri

Nacional

Por Urgente Santo Tomé 02/10/2017 En el gobierno de Cambiemos la mayoría de los nombramientos de los altos cargos técnicos siguieron los criterios de confianza como sucedió en las anteriores gestiones, aunque se comenzaron a abrir concursos para algunos puestos.

La gestión de Cambiemos prometió al asumir jerarquizar y profesionalizar el empleo público. Los datos, sin embargo, no muestran una mejora en la proporción de cargos nombrados por confianza y afinidad política, y no por las aptitudes técnicas, en puestos en los que los especialistas señalan que esto es relevante. En casi dos años de gestión se han hecho muy pocos concursos para seleccionar a candidatos; el Gobierno nacional mantiene su promesa de un mayor número en los próximos años.

Hay muchas maneras de entrar a trabajar en el Estado. Existen los puestos políticos, que exigen cierto nivel de confianza con las autoridades electas. En general, se trata del caso de los ministros, los secretarios y los subsecretarios, a cargo de definir las grandes líneas de las políticas públicas. Pero también existen cargos de dirección, que los especialistas señalan está previsto sean ocupados por perfiles más bien técnicos.

Estos cargos normalmente deben ganar su lugar por concurso y pueden permanecer entre una administración a otra, dándole continuidad al sistema burocrático más allá de los cambios en los colores partidarios. En general, se habla de “cargos técnicos” a partir de los directores nacionales, y se incluye entre estos también a los directores generales y a los coordinadores de áreas, quienes conforman lo que se denomina la “Alta Dirección Pública”.

Sin embargo, la mayoría de estos cargos son hoy designados directamente, es decir, sin concurso, de manera transitoria, en general por seis meses que luego se renuevan, y en muchos casos se hacen excepciones para quienes no cumplen con los requisitos previstos en las normas vigentes.

Del total de funcionarios públicos que hoy ocupan estos puestos, el nuevo gobierno designó al 97% de manera transitoria “por criterios de confianza”, señala el GPS del Estado, un relevamiento del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Además, en muchos casos las designaciones se hicieron de manera transitoria. Es común, además, exceptuar a los funcionarios de algunos de los requisitos previstos para el cargo: ocurre en el 73% de los casos, según la fuente citada.

Esto puede implicar, de acuerdo a lo señalado por Cippec, que “las necesidades directivas se determinan exclusivamente en función de las prioridades de gestión de la autoridad política de turno, en muchos casos influenciadas principalmente por la coyuntura y objetivos de corto plazo”.

Un caso emblemático fue el de Juan Mocoroa, quien como director General de Asuntos Jurídicos del entonces Ministerio de Comunicaciones, firmó el acuerdo sobre la deuda del Correo Argentino con el Estado, algo que la fiscal Gabriela Boquín cuestionó luego en su dictamen: “No debió actuar un funcionario con designación transitoria en representación del Estado nacional por las implicancias institucionales que de ellos se derivan”.

Otro caso fue el de Inés Zorreguieta, la hermana de la reina Máxima de Holanda, que fue designada como directora de Despacho y Mesa de Entradas dentro del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que depende de Presidencia de la Nación, con un decreto que la exceptúa de los requisitos necesarios para ocupar ese cargo, como la antigüedad. Según el Ministerio de Desarrollo Social, Zorraguieta no cumple con la antigüedad necesaria para ocupar el cargo. La experiencia requerida incluye al menos tres años en la especialidad de la función a desempeñar y al menos dos en la dirección de equipos de trabajo.

No se trata de algo nuevo. Al finalizar el gobierno anterior, en diciembre de 2015, el mismo relevamiento encontró que el 93% de la Alta Dirección Pública se encontraba designada de esta manera. Esto, sin embargo, no siempre fue así. En 2003 la proporción era la inversa: el 75% de los funcionarios “técnicos” estaba designado por concurso.

El Gobierno nacional señaló su intención de modificar esta situación. De acuerdo con lo que informaron a Chequeado desde el Ministerio de Modernización, se nombró a personas de manera transitoria mientras se hacían los llamados a concurso, pero esperan realizar 100 concursos este año, 300 el próximo y finalizar en 2019 con entre un 40 y 50% de los cargos directivos ocupados por funcionarios concursados. Los primeros concursos convocados fueron para directores de museos nacionales.

“Los puestos directivos son clave para diseñar e institucionalizar las políticas públicas, y ayudan a que se mantengan, más allá de los cambios de gobierno. Son el vaso comunicante entre el ala política y la burocracia estatal”, destacó Gonzalo Diéguez, director del programa de Gestión Pública del Cippec.

Guillermo Shweinheim, director de la Maestría en Auditoría Gubernamental de la Universidad Nacional de General San Martín, agregó: “Hay directores que manejan políticas públicas, pero también hay directores que están a cargo de sistemas transversales de la administración, como quienes están a cargo de la administración financiera, de las compras y contrataciones o del acceso a la información. En estos casos, además del conocimiento necesario, es importante que los cargos estén concursados porque son menos vulnerables a las presiones políticas”.

La idea detrás de este sistema es generar una carrera en el sistema público, en la que haya profesionales de la gestión que avanzan en la jerarquía a través de los concursos. Estos permiten evaluar los conocimientos a través de pruebas escritas y los antecedentes profesionales de la persona para ocupar el cargo, para asegurar así que tengan las competencias necesarias para llevar adelante su trabajo