Diputados de Corrientes y de Juntos por el Cambio presentaron denuncia por manejo de vacunas

Por Urgente Santo Tome 03/06/2021 Diputados de Juntos por el Cambio, presentaron ayer en los tribunales federales una denuncia penal con el fin que se investiguen las razones por las cuales Argentina no logró contar con vacunas contra el Covid-19 en tiempo y en forma.

 

La denuncia tiene como objetivo, entre otros, conocer los motivos por los que, y de acuerdo a dichos oficiales, no se llegó a firmar un acuerdo con el Laboratorio Pfizer para la provisión de vacunas y que podría implicar la comisión de un ilícito penal.

 

Los diputados firmantes de la denuncia penal, integran el Interbloque de Juntos por el Cambio, son: Omar De Marchi, Waldo Wolff, Alvaro De Lamadrid, María Piccolomini, Francisco Sanchez, Fernando Iglesias, Ingrid Jetter, Héctor Steffani, Alberto Asseff, Jorge Enriquez y Federico Zamarbide.

 

El escrito da cuenta que la República Argentina pudo contar con, por lo menos, y en forma anticipada, 38 millones de dosis de vacunas de alta categoría, contando solo a Pfizer y la provisión de Fondo Covax, que hubieran evitado muchísimas muertes que efectivamente ocurrieron, ya que personas que se infectaron de Covid-19, pudieron estar vacunados a tiempo. Se informa además, que el laboratorio Pfizer había ofrecido 13,3 Millones de dosis de su vacuna y el fondo Covax de la Organización Mundial de la Salud hasta 25 millones de dosis de vacuna. No se logró contar con esas ni con otras vacunas a tiempo.

 

La denuncia también pide se investigue el comportamiento de funcionarios públicos que han negociado con laboratorios y han actuado, aparentemente, en forma incompatible con sus funciones, dando trato distinto y privilegiado a diferentes laboratorios que ofrecieron sus vacunas.

 

En tanto, se precisa que el Gobierno Nacional privilegió y autorizó la venta de vacunas a laboratorios que tenían en la Argentina “socios locales”, dejando fuera a quienes no los tenían (Laboratorio Pfizer). Al mismo tiempo que Hugo Sigman se encuentra beneficiado con dos proveedores distintos de vacunas (Sinopharm y AstraZeneca).

 

La denuncia penal señala que ha habido una notable falta de información por parte de los funcionarios de gobierno que mantienen los hechos en la oscuridad, y que no pueden explicar de forma cierta y precisa los motivos por los que no se adquirieron las vacunas que estaban disponibles en Pfizer y Fondo Covax, que provocaron miles de muertes que eran evitables.

 

En el escrito presentado se pide iniciar una investigación sobre la posible comisión del delito previsto en el artículo 265 del Código Penal por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; también podrá surgir la posible comisión del delito de tráfico de influencia prevista en el artículo 258 y el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, art. 248, y luego en los delitos que reprimen los homicidios hay un abanico de posibilidades que van desde el art 84 del CP, que reprime al que por imprudencia, negligencia o impericia causare la muerte a otro, hasta el propio art 80 inc 7. que fija prisión perpetua al que para facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro, o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito.

 

En síntesis, los denunciantes sostienen que, la gravedad radica en la cantidad de muertes que eran evitables si se compraban las vacunas que estaban disponibles y definitivamente no se compraron. “Queremos saber que pasó, a través de una investigación judicial transparente y rigurosa.”

 

Por último, se pide que se cite a prestar declaración testimonial a: Alberto Fernández (Presidente de la Nación), Cristina Fernández de Kirchner (Vicepresidenta de la Nación), Santiago Cafiero (Jefe de Gabinete de Ministros), Carla Vizzotti (Ministra de Salud), Ginés González García (ex ministro de Salud), y a representantes de distintos laboratorios, entre otros.

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