Mientras el oficialismo intenta colectar respaldos entre los gobernadores para su agenda legislativa, no cesa el ajuste sobre las provincias. En los últimos días, hubo recortes millonarios en salud, educación y el sistema de parques nacionales, entre otros ítems, episodio que levantó quejas y medidas por parte de los distritos en búsqueda de morigerar el sablazo.
La semana pasada, la Casa Rosada oficializó la reasignación de partidas por cerca de $2,5 billones mediante el decreto administrativo 20/2026, que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo, encendiendo las alarmas en las gestiones subnacionales.
Como contraparte, Caputo anunció este lunes que el Sector Público Nacional (SPN) registró en abril un superávit primario de $632.844 millones y un superávit financiero de $268.103 millones. En el mes, el pago de intereses de deuda pública neto de intra sector público alcanzó los $364.741 millones.
Al respecto, un informe elaborado por el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) da cuenta de que un 57% del reciente ajuste recayó sobre las provincias. En el desagregado, el CESO consigna que los ítems que más sufrieron fueron alfabetización (-$29.998 millones); Fortalecimiento de salud provincial (-$25.000 millones); Transferencias para obra pública (-$9.053 millones); y Fondo Salarial Docente (-$8.930 millones). En total, el ajuste sobre salud rondaría los $63 mil millones.
Por el contrario, el documento consigna que el Gobierno reasignó fondos por $65.000 millones al Poder Judicial y otros $35.000 millones al Ministerio de Justicia. Asimismo, informaron que desde el inicio de la gestión de Javier Milei las transferencias nacionales a provincias acumulan una caída real del 64%.
En tanto, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) dio cuenta de que abril cerró con una baja real interanual del 2,1% en los ingresos totales y una suba real interanual del 1,6% del gasto primario. Según el trabajo, los tres gastos que más cayeron fueron subsidios a otras funciones (-81,6%), transferencias corrientes a provincias (-54,1%) y transferencias a universidades (-48,9%).
A la par, la consultora Politikón Chaco destacó que las transferencias no automáticas totalizaron $154.643 millones en abril, un desplome del 53% en términos reales en la comparación con el mismo periodo de 2025. Consignó, además, que se trató del segundo peor abril desde 2005.
Buenos Aires, Chaco y Entre Ríos fueron las provincias que recibieron los mayores volúmenes de desembolsos, mientras que Tierra del Fuego, Chubut y Santa Cruz quedaron relegadas al final del ranking. En tanto, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) contabilizaron $121.000 millones en el primer cuatrimestre (representan el 28% de las transferencias no automáticas) y mostraron un crecimiento del 51,6% real contra igual periodo del año pasado.
Preocupa en las provincias el ajuste sobre salud
Dentro del cóctel, uno de los puntos que más preocupan en los distritos es el sanitario. De hecho, este martes se realizará la Marcha Federal por la salud desde Plaza de Mayo hasta la cartera que comanda Mario Lugones.
La protesta denunciará el «desfinanciamiento y la interrupción de programas clave como Remediar» (que garantizaba el acceso gratuito a medicamentos esenciales para millones de personas); dificultades en la distribución de vacunas del calendario nacional, con demoras y faltantes en distintas jurisdicciones; y el abandono de las políticas de salud mental en un contexto de creciente demanda.
Un día antes, el ministro Lugones encabezó un encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA) junto a funcionarios de la mayoría de las provincias. La cumbre finalizó con un documento conjunto sobre compromisos varios. Sin embargo, las gobernaciones le bajaron el tono y aclararon que se trató de un acto meramente formal.
La provincia de Buenos Aires convocó oficialmente a la manifestación del martes y advirtió que el sistema público de salud está en una «situación crítica». En esa línea, indicaron que «el 80% de las obras sociales con su recaudación no cubren el Programa Médico Obligatorio (PMO) haciendo que cubran cada vez menos prestaciones» y que «el 50% de las personas que atiende el sistema público tiene OS/Prepaga».
Asimismo, advirtieron que «1 de cada cuatro jubilados no accede a sus medicamentos» y que el «PAMI perdió el 40% de su presupuesto».
Santa Fe, en tanto, inauguró este lunes el nuevo sistema provincial de operación logística sanitaria, con el primer envío de medicamentos e insumos hacia 50 farmacias y droguerías de la red pública, en un acto que incluyó dardos al Gobierno nacional.
«Por primera vez la provincia cuenta con una estrategia integral para recibir, almacenar y distribuir medicamentos y productos médicos a gran escala, incorporando trazabilidad, control de stock y logística especializada», indicaron desde el gobierno de Maximiliano Pullaro, quien participó del evento junto a su ministra de Salud, Silvia Ciancio.
El distrito señaló que la medida se implementa en un «contexto de caída sostenida del envío de tratamientos por parte del Estado nacional». Indicaron, a la vez, que mientras en 2024 Santa Fe recibió cerca de 2 millones de tratamientos del programa Remediar, en 2025 la cifra descendió a 920.000 y, durante el primer cuatrimestre de 2026, apenas alcanzó 175.000 tratamientos antes del cierre del programa.
Córdoba también sumó quejas por el estado de situación. Días atrás, en el marco del Congreso Internacional de Salud, el titular de la cartera sanitaria local, Ricardo Pieckenstainer, apuntó a Lugones por desentenderse de los problemas de las provincias y le exigió «que lidere» y no que «de directivas». «Que diga cuáles son las metas, cuál es el plan», disparó.
A la par, en diálogo con Canal 12, Pieckenstainer habló de una «situación extremadamente compleja» y aseguró que es una «crisis que se va agudizando». Acto seguido, dijo: «La urgencia es para cada uno de los pacientes. Los oncológicos necesitan continuar los tratamientos. Para todos ellos caso es ya. Probablemente haya algunos que puedan esperar un par de días».
Otras gobernaciones consultadas por este medio evitaron los pronunciamientos altisonantes, pero deslizaron preocupación. «Todavía estamos evaluando el impacto de la decisión administrativa 20/2026, pero el recorte en salud es el que más nos preocupa», indicaron desde una jurisdicción norteña.
Por su parte, el ministro de Salud de Corrientes, Emilio Lanari, reveló que la provincia tomó medidas ante el repliegue de Nación. Lanari explicó: «Estamos cubriendo a población de riesgo, como adultos mayores beneficiarios del PAMI, con vacunas que proveímos desde la Provincia porque Nación dejó de enviar».
“El programa Remediar va a cambiar, los medicamentos de alto costo donde se incluyen todos los oncológicos seguramente van a sufrir modificaciones, y algunos planes de atención primaria también. Me da mucho miedo porque esto puede perjudicar a una población realmente muy sensible”, alertó el funcionario del gobierno de Juan Pablo Valdés.
Fuente Ambito Financiero